Como en otras ocasiones, la reunión de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia permite a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) comparecer en este foro autorizado y dotado de las competencias para hacer efectivas las políticas públicas de Justicia. Ello permite que expongamos las necesidades en materia de provisión de medios personales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como que ofrezcamos aquellas soluciones necesarias para paliar el déficit que a diario sufren las oficinas judiciales en materia de personal.
Con ese objetivo y bajo los principios de colaboración, la UPSJ ha recabado datos en las distintas comunidades autónomas sobre el tiempo que transcurre hasta el nombramiento, cuando existe la necesidad de cubrir las vacantes de los juzgados y oficinas judiciales. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de arbitrar fórmulas que permitan reducir esos “vacíos” de plazas que resultan imprescindibles para la adecuada prestación del servicio. La finalidad no es otra que una vez constatada la realidad exponer las soluciones y recomendaciones que pueden adoptar las distintas administraciones responsables. Se trata de adoptar una actitud activa y no pasiva frente a las dificultades y retos cotidianos que nos encontramos.
Los letrados y letradas de la administración de justicia, como cuerpo superior jurídico que vertebra todo el sistema de la administración de justicia en el ámbito nacional, se encuentran en una situación privilegiada a la hora de poner en conocimiento de la administración responsable, las necesidades en materia de personal y las deficiencias que se están ocasionando, pero también de materializar propuestas que planteen soluciones sólidas, prácticas y realizables a fin de ofrecer un servicio público de calidad al ciudadano
En prueba de lo manifestado, traemos a la reunión de la Conferencia Sectorial la propuesta de adopción de nueve medidas concretas y tangibles, cuya implementación favorecería notablemente el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia y agilizaría procesos de mejora. La agilidad es uno de los grandes déficits que tiene el conjunto de la Administración pública. Ganar agilidad supone, sin duda, remar a favor de una mejor Administración.
La redacción de estas propuestas queda como se expone a continuación:
1.- Interesamos que el derecho al “rescate” de un funcionario interino se generalice para todas las comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas se permite poder “rescatar” a un funcionario de la misma jurisdicción o juzgado, que haya cesado en un plazo máximo de 6 meses y que muestre su conformidad a trabajar de nuevo en ese juzgado, de esta manera la petición se cubre inmediatamente y se cuenta con funcionarios interinos con experiencia acreditada.
2.- Interesamos que el tiempo de nombramiento de funcionario interino se reduzca sensiblemente, y en el supuesto de bajas médicas (aunque la baja inicial sea de 15 días) o cualquier otra incidencia que se prevea de larga duración, se proceda al nombramiento, evitando los dilatados tiempos de espera que se están produciendo. Que en el supuesto de que deban ofrecerse previamente en sustitución vertical, horizontal o comisión de servicio, se reduzcan los plazos para las solicitudes y su resolución. La reducción debe concretarse mediante la fijación de un plazo concreto y específico.
3.- Interesamos que los funcionarios interinos que no hayan trabajado nunca, se incorporen con toda la documentación administrativa y el acceso necesario otorgado para el uso de las aplicaciones informáticas y sistemas de gestión procesal, a expensas solo de la formación (que también sería deseable que tuvieran adquirida previamente).
4.-Interesamos que se fomente la actividad de tutorías y se compense a funcionarios de Justicia que colaboran y forman a los nuevos interinos. Emitimos un juicio de valor positivo respecto de las medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas, de poner en funcionamiento programas de formación mediante tutorías individualizadas. (Un ejemplo de ello es la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que se estén llevando a cabo en otras CCAA)
5.-Aconsejamos que las bolsas de interinos meriten la especialización y así se confeccionen.
6.-Interesamos que se priorice el nombramiento de funcionarios interinos según la jurisdicción que lo necesite, dando prioridad a las jurisdicciones más sensibles (por materia o carga de trabajo), o priorizando también a aquellas localidades que por su ubicación geográfica o por otros factores sean destinos con escaso personal o estructuralmente infradotados.
7.- Interesamos que se cree una bolsa de interinos dinámica, esto es, la creación de una bolsa cuyo acceso esté siempre abierto para la posibilidad de incorporar a candidatos adecuados sin necesidad de espera a que la bolsa de interinos se active (se abra), lo que evitaría la ausencia de candidatos a nombrar.
8.- Interesamos que los funcionarios interinos posean una formación mínima, pudiendo exigirse al menos que se hayan presentado a las oposiciones, valorando positivamente el aprobado en alguno de los ejercicios. Pueden arbitrarse fórmulas formativas conforme hemos relatado en propuestas anteriores.
9.-Instamos a las administraciones responsables en materia de personal de las comunidades autónomas con competencias transferidas, así como a la Gerencias territoriales del Ministerio de Justicia en cada comunidad autónoma a elaborar una guía de buenas prácticas para las relaciones entre estas con los letrados y letradas de la administración de justicia. Ejemplo de ello sería la Guía de buenas prácticas y coordinación elaborada por la Secretaría de Gobierno del TSJ de Murcia y la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de la Región de Murcia, que sin ostentar carácter normativo aborda el actuar administrativo entre ambas partes.
Este conjunto de propuestas, de convertirse en medidas positivadas y puestas en marcha, entendemos que contribuirían a la mejora del servicio y a que el funcionamiento de la Administración de Justicia en todas sus unidades no sufriera interrupciones de tracto, que se materializan en retrasos que se van acumulando. Para ser más eficientes es necesario dotarse de estructuras de funcionamiento más ágiles.
