En la mañana del pasado jueves nos sorprendía la noticia aparecida en diversos medios de comunicación por la que se hacía público un informe de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Cinto, en el que se concluía la responsabilidad de la Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, por la divulgación de los datos personales de la víctima del caso de “La Manada”.
Como ya apuntábamos en una nota anterior, resulta sorprendente que la vocal haya sido capaz de efectuar esas conclusiones en contravención del Protocolo dictado al efecto por el órgano al que pertenece (Protocolo de Comunicación de la Justicia 2015), el cual, con meridiana claridad, dispone en su página 18 que corresponde a las Oficinas de Comunicación la eliminación en las sentencias “de los datos personales de los afectados y aquellos otros que puedan identificarlos antes de facilitarlas a los medios de comunicación”, debiendo éstas “comprobar que se dan los requisitos para ello”. Por tanto, está más que claro que era el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el que tenía la obligación de eliminar cualquier dato que pudiera afectar a estos extremos, y por tanto también el código de verificación segura (CVS).
Pero si lamentable es lo anterior, no lo es menos el hecho de que, precisamente un informe que viene a censurar una violación de la protección de datos, se filtre a la prensa antes de comunicarse a la Letrada de la Administración de Justicia interesada (enterándose por la prensa del mismo), afectando a su presunción de inocencia y a las más mínimas garantías de defensa e igualdad de armas y de protección de sus propios datos. El CGPJ si debería iniciar alguna actuación interna para depurar responsabilidades por la filtración del informe de marras. Y sobre todo a la luz de los hechos exculpar a nuestra compañera de cualquier responsabilidad.
Resulta igualmente llamativo que a estas alturas ni que el recientemente nombrado Secretario General de la Administración de Justicia ni el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hayan manifestado públicamente su apoyo a la Letrada de la Administración de Justicia, ni hayan dictado instrucción que ante estos hechos nos ampare y aclare cuál deba ser nuestra actuación. Así las cosas, y en tanto no se aclare esta cuestión, es comprensible que numerosos compañeros hayan decidió no comunicar las sentencias a dichos gabinete hasta que nuestra intervención esté amparada por una normativa que confiera seguridad jurídica a nuestra posición.
Ello no obsta para reconocer que dichos gabinetes han facilitado mucho la labor de unos y de otros en garantía del derecho a la información y que este lamentable asunto debería reconducirse lo antes posible para que los Letrados de la Administración de Justicia podamos seguir colaborando en ello. Pero desde luego no estamos dispuestos a hacerlo en estas condiciones.
En el día de hoy hemos tenido conocimiento de que por parte del Presidente del TSJ de Castilla la Mancha y del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad, se han emitido los acuerdos que en extracto dicen, el del Presidente del TSJ: Este Presidente, como responsable último de las funciones y actuaciones del Gabinete de Comunicación, asume plenamente la responsabilidad que pudiera derivarse de la utilización de los datos que contengan las copias y resoluciones que se faciliten a dicho Gabinete comprometiéndose éste al filtrado y supresión de todo tipo de datos de carácter personal que figuren en los mismos.
Y el del Secretario de Gobierno: Os adjunto, para vuestro conocimiento, la comunicación que me ha remitido el Presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. A la vista de su contenido entiendo que debemos seguir colaborando con el Gabinete de Comunicación, cuya responsable es, en los mismos términos que hasta ahora, así como pedir su colaboración si lo estimáis necesario.
Os enlazamos los comunicados enteros (OFICIO TSJ CASTILLA-LA MANCHA, COMUNICACIÓN SECRETARIO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA). Desde aquí aplaudimos la intervención de ambas autoridades, deseando que su actuación ejemplar no solo se extienda a todas las Comunidades de España, sino que sirva de ejemplo tanto al propio CGPJ como al Ministerio de Justicia, de cómo ser operativos en la resolución del problema, sin encallarse en la búsqueda de culpables. Cómo manifiesta el Presidente de dicho TSJ, cuando los Letrados de la Administración de Justicia entregan resoluciones al Gabinete de Prensa, las entregan a un órgano de la Judicatura, y la difusión de esas resoluciones será responsabilidad de la misma.
Ante esta concatenación de sinsentidos y despropósitos, lo que sí puede tener claro la compañera de Navarra es que no le va a faltar la comprensión y el respaldo de todos los Letrados de la Administración de Justicia, el primero el de UPSJ, y que de ninguna de las maneras vamos a consentir que se tome por costumbre responsabilizarnos de las carencias, la impericia y los errores de otros. Empieza ya a ser hora de que cada palo aguante su vela.
